Congreso del Estado de Puebla mantiene pendiente la revocación de mandato pese a orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El Congreso del Estado de Puebla mantiene pendiente la creación de una legislación específica para activar la revocación de mandato del gobernador, pese a una orden expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que armonice su marco jurídico con la reforma constitucional federal de 2019.
A más de seis años de que la revocación de mandato fuera incorporada a la Constitución federal como un mecanismo de participación ciudadana, la legislatura poblana aún carece de ley secundaria y procedimientos claros que permitan a la ciudadanía iniciar este procedimiento contra el titular del Ejecutivo estatal.
La SCJN, mediante el amparo 752/2024, determinó que el Poder Legislativo local incurrió en omisión legislativa por no aprobar la norma correspondiente y ordenó iniciar el proceso en el periodo de sesiones actual o el siguiente.
Contradicciones entre discurso y práctica legislativa
La falta de legislación se da en un contexto donde, a nivel federal y en otras entidades, la figura ha sido objeto de debates políticos y jurídicos, pero también de ejercicios concretos de evaluación ciudadana al ejercicio del poder. Analistas coinciden en que al mantener la omisión, el Legislativo contradice el discurso democrático que promueve la participación directa de la ciudadanía y limita el ejercicio de derechos políticos reconocidos en la Carta Magna.
Además, la ausencia de una Ley de Participación Ciudadana integral, que incluya mecanismos como la revocación de mandato, refleja una reticencia persistente a completar el marco legal que permita su operación efectiva en la entidad.
Debate interno y riesgos políticos
Fuentes legislativas consultadas señalan que el estancamiento podría estar relacionado con consideraciones de estabilidad política, dado el historial reciente de alternancia y periodos interinos en el gobierno estatal. Sin embargo, esta posición ha generado críticas desde el ámbito académico y de organizaciones civiles, que ven en esta omisión un vacío que favorece el control político sobre la rendición de cuentas ciudadana.
La falta de avances legislativos en Puebla se suma a una tendencia observada en distintas entidades de la República, donde al menos la mitad de los congresos locales no han atendido la implementación de la figura pese a la reforma constitucional de 2019.