Un nuevo escándalo sacude al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras la denuncia contra un funcionario y militante de sus filas por tentativa de feminicidio. Álvaro Tapia Castillo, edil de Actopan, Puebla, fue acusado de atropellar a su esposa mientras conducía en estado de ebriedad.
El incidente ocurrió la noche del pasado viernes, luego de una discusión en la que la esposa de Tapia Castillo decidió bajarse del vehículo. En respuesta, el edil, visiblemente alcoholizado, la atropelló. Hasta el momento, Tapia Castillo no se ha entregado a las autoridades ni ha emitido declaración alguna.
Este intento de eludir la justicia no sorprende, pero lo que resulta inaceptable es la respuesta del PRI, el partido que llevó a Tapia Castillo al poder. La institución solo emitió un comunicado condenando el incidente y pidiendo una investigación, sin tomar medidas concretas como la expulsión de Tapia Castillo o la colaboración activa con las autoridades para revocar su mandato.
Esta actitud recuerda el caso de Juan de Dios Bravo Jiménez, exdirigente municipal del PRI, actualmente bajo investigación tras ser encontrado en un inmueble junto a seis hombres armados, vinculados al operativo “La Barredora”. A pesar de la gravedad del caso, Bravo Jiménez fue visto en la asamblea del pasado sábado, en presencia de destacados miembros del partido como Néstor Camarillo, exdirigente estatal y actual senador electo, y Delfina Pozos, dirigente estatal y propietaria de la diputación plurinominal acompañada de Tania Trejo.
El PRI no ha emitido ninguna declaración sobre los casos de Juan de Dios Bravo Jiménez y Tania Trejo, manteniendo al primero como militante activo. Esta falta de acción pone en entredicho el compromiso del partido con la justicia y la transparencia, y sugiere una preocupante tendencia a proteger a sus miembros a pesar de las serias acusaciones en su contra.
