Plantean hasta 10 años de prisión por huir tras accidentes viales en Puebla
La fuga después de provocar un accidente de tránsito podría castigarse con hasta 10 años de prisión en Puebla. Así lo establece una iniciativa presentada por la diputada Graciela Palomares, que busca reforzar el marco legal en materia de movilidad, seguridad vial y responsabilidades penales.
La propuesta fue turnada durante la sesión de la Comisión Permanente del pasado 19 de diciembre y contempla reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad, a la Ley de Protección al Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable, así como al Código Penal del estado.
El eje central de la iniciativa se concentra en el endurecimiento de sanciones contra conductores que, tras provocar un siniestro por una conducta imprudente, abandonan el lugar para evadir responsabilidades. Para ello, se plantea modificar el artículo 85 Bis del Código Penal, estableciendo penas de entre tres y diez años de cárcel, dependiendo de la gravedad del daño ocasionado.
La reforma considera como conductas agravantes acciones como invadir carriles confinados, ciclovías o utilizar el teléfono celular mientras se conduce. Además de la pena privativa de libertad, se prevé la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducir por un periodo que puede ir de uno a diez años.
En paralelo, la iniciativa introduce restricciones administrativas para automovilistas con adeudos por fotomultas. De aprobarse, quienes acumulen infracciones por exceso de velocidad no podrán realizar trámites como la verificación vehicular ni la expedición, renovación o canje de placas, tarjeta de circulación, hologramas o permisos relacionados con el control vehicular.
El objetivo, de acuerdo con la legisladora, es cerrar el paso a la impunidad y fortalecer la corresponsabilidad de quienes incumplen el reglamento vial, particularmente aquellos detectados por el programa “Monitor Vial”.
La propuesta ya se encuentra en comisiones y su análisis formal iniciará a partir del 15 de enero de 2026, con la reanudación del periodo ordinario de sesiones del Congreso local.